La UBA marchó con velas a Tribunales para reclamar que se aplique la ley universitaria

Docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) marcharon este miércoles 4 de noviembre desde Plaza Houssay, en Córdoba y Junín, hasta el Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue la llamada Marcha de las Velas, que reclamó que el Gobierno de Javier Milei aplique la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma está en discusión judicial: tiene una sentencia de primera instancia favorable a las universidades que el Estado apeló y que todavía no está firme.

Quiénes marcharon y qué hicieron

La movilización la encabezaron la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), que agrupa a los no docentes, y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). También participaron la Federación Universitaria Argentina (FUA) y centros de estudiantes. El portal Cuestión Entrerriana, que reprodujo información de Ámbito, mencionó además la presencia de autoridades de la Universidad, sin dar nombres. No se informó quiénes fueron ni si alguno habló.

La convocatoria, con el lema "No permitamos que se apague la Universidad", fijó la concentración a las 17. Según el cronograma que difundió Perfil en la previa, la columna salía a las 18 y a las 19 empezaba una clase pública de una hora junto con el encendido de las velas. "La Marcha de las Velas es una movilización en defensa de la educación pública", señalaron los organizadores, según publicó La Voz de Pilar.

Frente al Palacio de Justicia, el profesor Christian Cao y el abogado constitucionalista Pablo Luis Manilli dieron una clase pública de Derecho Constitucional. El acto terminó con el Himno Nacional, y los manifestantes dejaron las velas encendidas frente al edificio.

No hubo una cifra oficial ni de los organizadores sobre la cantidad de manifestantes. Noticias Argentinas informó que se movilizaron miles de estudiantes y docentes.

En un comunicado difundido por Noticias Argentinas, la UBA sostuvo que la ley es una norma que "el Gobierno Nacional no aplica desde hace más de un año, desconociendo todas las instancias legislativas y judiciales que la avalan".

Por qué Tribunales

Los manifestantes eligieron ir a Tribunales porque el cumplimiento de la ley se discute en la Justicia. La causa tramita en primera instancia en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick. El juez unificó dos expedientes: un amparo colectivo que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con docentes e instituciones, y una demanda individual de la UBA. La parte demandada es el Estado Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio. Los medios no publicaron la carátula ni el número del expediente.

Ninguna de las fuentes consultadas informó que durante la marcha se presentara un escrito nuevo en la causa ni un planteo ante la Corte Suprema. Fue un acto simbólico frente al edificio.

La causa tiene dos frentes abiertos:

• El fondo. El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la ley y ordenó aplicarla de inmediato, según informó Infobae. "El Poder Legislativo no se halla vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones", escribió el juez en la sentencia, según el mismo medio. El Gobierno apeló, el juez concedió el recurso y el expediente pasó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La sentencia no está firme.
• La medida cautelar. Es anterior a la sentencia y ordenó, entre otras cosas, actualizar los salarios universitarios. La confirmaron la Cámara y la Corte Suprema, que se pronunció el 25 de junio de 2026. Lo que está en discusión ahora es cómo se ejecuta y si sigue vigente.

Las fuentes no coinciden sobre los efectos de la apelación contra la sentencia de fondo. Infobae informó el 20 de octubre que el recurso se concedió "en ambos efectos", lo que suspendería la ejecución del fallo mientras lo revisa la Cámara. Una nota anterior del mismo medio, del 15 de octubre, había indicado que Cormick rechazó darle efecto suspensivo. Ámbito, por su parte, informó el 9 de octubre que el juez concedió la apelación y a la vez ratificó la cautelar vigente. Una lectura posible es que la sentencia de fondo quedó en suspenso y la cautelar siguió en pie, pero ningún medio publicó la resolución completa que lo confirme.

La cautelar, las multas y la Sala III

El 22 de septiembre, Cormick le dio al Estado cinco días para cumplir la cautelar bajo apercibimiento de aplicarle astreintes, que son multas por cada día de incumplimiento. El plazo se prorrogó y el 30 de septiembre hubo una nueva intimación. El 14 de octubre, el juez le impuso al jefe de Gabinete, Diego Santilli, una multa de $100.000 por día por lo que describió como un incumplimiento verificado de la medida, según informaron Infobae, Clarín y Los Andes.

Al día siguiente, la Sala III de la Cámara suspendió las multas de manera provisoria. El 20 de octubre, esa sala, integrada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, aceptó una queja del Estado y abrió la apelación contra la intimación y la ejecución de la cautelar. La concedió "en relación", una modalidad que, según Infobae, no suspende de forma automática la ejecución. La Cámara aclaró que no adelantaba opinión sobre si el Gobierno había cumplido o no.

No se conocieron resoluciones de la Sala III posteriores al 20 de octubre.

Qué dice el Gobierno

El Gobierno no respondió públicamente a la marcha de este miércoles, al menos en las fuentes consultadas. Su postura es la que presentó en el expediente.

El Estado sostiene que no suspendió la ley por decisión propia. Según su argumento, aplicó el artículo 5 de la Ley 24.629, que exige que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y las partidas de los gastos que aprueba. Plantea además que la norma no tiene financiamiento y afecta el equilibrio fiscal. En la causa calculó que aplicarla costaría más de un billón de pesos, más del 90% de los créditos disponibles, según informó Infobae.

También afirma que ya cumplió los artículos 5 y 6 de la ley. Según el Gobierno, la suba salarial acumulada desde diciembre de 2023 es del 226,80%, por encima del 226,40% que habría correspondido, y las becas se pagaron por el Programa Becas Manuel Belgrano y no por el Progresar. Sostiene además que la cautelar tenía un límite temporal que ya venció y que las órdenes judiciales son imprecisas porque no fijan montos. "La limitación temporal no fue accesoria ni irrelevante, sino que integró expresamente los términos de la tutela concedida", argumentó el Estado ante la Cámara, según Infobae.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano dijeron a ese medio que van a seguir la causa: "La vamos a seguir a muerte". Un abogado que patrocina al Gobierno explicó, también según Infobae: "La Justicia todavía no nos está sugiriendo 'no cumplan con la cautelar', pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir".

Qué dicen las universidades

En la causa, el CIN y la UBA sostienen que el Decreto 759/2025 es un "fraude constitucional" y un nuevo veto encubierto, según informó Infobae. El CIN afirma que el Estado sigue sin cumplir la cautelar.

La UBA planteó en el expediente que los salarios docentes y no docentes perdieron un 40% de poder adquisitivo entre 2024 y 2025, con el presupuesto de 2023 prorrogado. La cautelar ordenó ajustar los sueldos según la inflación (IPC) de enero de 2023 a julio de 2025, lo que equivale a un 40,25% sobre los salarios básicos de julio de 2025, según Infobae.

La ley y su recorrido

El Congreso sancionó la Ley 27.795 en agosto de 2025. El Poder Ejecutivo la vetó con el Decreto 647/2025 y las dos cámaras insistieron con los dos tercios de los votos. El Gobierno la promulgó después con el Decreto 759/2025, pero supeditó su ejecución a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento, según el artículo 5 de la Ley 24.629. Esa cláusula es la que Cormick declaró inconstitucional.

En su sentencia, el juez homologó la paritaria del 10 de junio de 2026, según informó Infobae. Ese acuerdo incluye:

Un informe de la consultora privada Zentrix, citado por Perfil, calculó que cumplir la ley en 2027 costaría entre $2,45 y $3,65 billones adicionales, entre el 0,18% y el 0,26% del PBI. Según ese trabajo, el proyecto de Presupuesto 2027 tiene $5,93 billones sin asignación específica, y el CIN pide $11 billones para las universidades contra los $7,35 billones que prevé el artículo 12 del proyecto. La consultora estimó también una pérdida salarial de entre el 22% y el 26% frente a noviembre de 2023 y unas 10.000 renuncias de docentes, y señaló que entre el 87% y el 90% del presupuesto universitario se destina a salarios.

Contexto

La marcha del miércoles llegó tres semanas después de la quinta Marcha Federal Universitaria, que se hizo el 15 de octubre. En 2024 ya había habido una marcha de las velas contra el veto a una ley anterior de financiamiento universitario. Según publicó Perfil, la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), que agrupa a los no docentes, convocó a paros de 24 horas el martes 3, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. El gremio anunció que seguirá con "un plan de lucha hasta que el Gobierno Nacional entienda que la sociedad argentina quiere un futuro con educación".

Lo que falta saber

• Cuándo resolverá la Sala III la apelación contra la sentencia de fondo y la que discute la ejecución de la cautelar.
• Con qué efectos se concedió la apelación de la sentencia, un punto en el que las fuentes no coinciden.
• Cuál es la carátula y el número del expediente.
• Cuánta gente participó de la marcha y qué autoridades de la UBA estuvieron.
• Si el Gobierno responderá públicamente al reclamo.
• Cómo se definirán las partidas universitarias en el debate del Presupuesto 2027.

Versiones que no coinciden

• Efecto de la apelación contra la sentencia de fondo: Infobae (20/10) dice que se concedió 'en ambos efectos' y que eso suspende la ejecución; Infobae (15/10) dice que Cormick rechazó darle efecto suspensivo; Ámbito (9/10) informa que concedió la apelación y ratificó la cautelar vigente.
• Vigencia de la cautelar: el Gobierno sostiene que venció por su límite temporal; el CIN y el juzgado la consideran vigente. Lo revisa la Sala III.