Los Kovalivker no respondieron preguntas en su indagatoria y pidieron anular la causa

Jonathan Simón Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina, y su hermano Emmanuel Kovalivker, vicepresidente y accionista de la empresa, fueron indagados este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ninguno de los dos aceptó responder preguntas: entregaron descargos por escrito, a través de su abogado, Martín Magram, en los que negaron haber cometido delitos y pidieron la nulidad del expediente, su cierre por cosa juzgada, el sobreseimiento y el levantamiento de la inhibición general de bienes, según informaron Infobae y Clarín.

La causa tramita en el Juzgado Federal N° 11, que subroga el juez Ariel Lijo, y las indagatorias se hicieron ante el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación y firmó la acusación junto con Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). De acuerdo con lo que publicaron Infobae, Clarín y Perfil, el primero en presentarse fue Jonathan y después lo hizo Emmanuel. Según Perfil, Jonathan dejó su escrito y se fue cerca de las 11 sin hablar con la prensa.

Qué niegan los hermanos

El escrito de Jonathan Kovalivker tiene 45 páginas, según Clarín, que tuvo acceso al documento; el de Emmanuel, de acuerdo con ese medio, va en una línea similar. "Niego en forma categórica haber integrado, y menos aún dirigido, asociación ilícita alguna, haber intervenido en maniobras defraudatorias contra la Administración Pública o en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", sostuvo el presidente de la droguería en el texto que citó Clarín. En otro tramo calificó como "un verdadero sinsentido" la imputación de encabezar una organización delictiva.

El argumento central de la defensa, según reconstruyó Infobae, es que a los hermanos se los acusa únicamente por el lugar que ocupan en la empresa. Para Magram, eso choca con el principio de culpabilidad y con el llamado derecho penal de acto, que exige probar conductas concretas. La acusación, plantearon, "no describe ningún acto personal, orden, firma, comunicación o reunión suya vinculada con los hechos", y agregaron que "la fiscalía no encontró ninguna comunicación, mención o instrucción atribuible" a los dueños.

Los descargos también buscaron relativizar el peso de la ANDIS en el negocio de la compañía. Según Infobae, la defensa sostuvo que lo facturado a ese organismo representó una porción menor de las ventas totales; Clarín indicó que el escrito lo describe como "insignificante".

Período	Facturación a la ANDIS sobre ventas totales (según la defensa)
2023	2,14%
2024	4,22%
Enero a octubre de 2025	3,14%

Fuente: escrito de la defensa, según Infobae.

En el mismo sentido, Jonathan Kovalivker presentó a la firma como una compañía con más de cien años de historia, cerca de 2.000 trabajadores, alrededor del 22% del mercado privado de farmacias y más de 15 millones de unidades vendidas por mes, según Clarín. "No se trata, en suma, de una sociedad de ocasión creada para contratar con el Estado, sino de una empresa centenaria, con casi dos mil empleados, que no depende de la ANDIS para subsistir", escribió.

De acuerdo con Clarín, el escrito incluyó además los resultados de una investigación externa que encargó el Directorio de la empresa. Ese trabajo revisó las ventas a la ANDIS entre el 1° de enero de 2023 y el 31 de julio de 2025, que sumaron $139.419.990.002 por 87.134 unidades. Según esa revisión, desde mayo de 2024 todas las contrataciones se hicieron por la plataforma oficial; la Suizo cotizó 5.238 de los 11.559 renglones (45%); en esos renglones la presencia de otros oferentes pasó del 2% en 2023 al 31% en 2024 y al 72% en 2025; y su tasa de adjudicación, excluidos los productos exclusivos, cayó al 28% en el primer semestre de 2025. El informe sostiene también que todas las facturas tuvieron una orden de compra asociada y que no hubo facturación duplicada.

Qué piden

Según Infobae, la defensa formuló cuatro planteos:

• Nulidad: sostiene que el expediente se originó en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que describió como "de origen ilícito, clandestino y con presuntos indicios de manipulación o edición".
• Cosa juzgada: afirma que los mismos hechos ya fueron investigados en el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, y que esa causa se archivó por inexistencia de delito, por lo que pide cerrar el caso.
• Inhibición de bienes: reclama que se levante la inhibición general que dictó Lijo.
• Sobreseimiento: pide que se desvincule a ambos del proceso.

Sobre las reuniones que la fiscalía detectó en la casa de Jonathan Kovalivker, en el barrio La Isla de Nordelta, el entorno de la empresa dijo a Infobae: "Las visitas registradas en su domicilio corresponden a empresarios del mismo rubro o vínculos sociales, sin que ello implique participación delictiva".

De qué los acusa la fiscalía

Según Clarín, Jonathan Kovalivker está imputado como jefe de una asociación ilícita, y por fraude por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. Infobae también lo ubica como jefe de la presunta organización. Emmanuel aparece, según Infobae, como miembro de esa estructura, y según Clarín como parte de la conducción que tomaba las decisiones de la compañía; para la fiscalía, además, era el superior directo del lobista Pablo Atchabahian, de acuerdo con ese diario.

En su dictamen, Picardi y Rodríguez afirmaron: "Existió una cooptación por parte de la Suizo Argentina S.A sobre la ANDIS", según citó Revista Quórum. Clarín reprodujo otro tramo en el que los fiscales sostienen que la empresa buscó "defraudar al Estado, cartelizar compras de medicamentos y cobrar sobreprecios millonarios". La acusación ubica esa maniobra entre mayo de 2024 y agosto de 2025 y la centra en los medicamentos de alto costo y baja incidencia (PACBI) del Programa Federal Incluir Salud.

La fiscalía maneja dos cifras para ese período que no deben sumarse ni compararse entre sí, porque miden cosas distintas: una es lo que la Suizo efectivamente facturó a la ANDIS, según registros de ARCA; la otra es el total de órdenes de compra emitidas a su favor.

Concepto (mayo 2024 - agosto 2025)	Monto según la fiscalía	Medios que lo informan
Facturación a la ANDIS (datos de ARCA)	$124.652.174.118	Infobae, Clarín
Órdenes de compra a favor de la Suizo	$137.118.708.357,77 (29,54% de las compras de medicamentos PACBI)	Clarín, Perfil, Quórum

La cifra de $139.419 millones que presenta la investigación encargada por la empresa corresponde a otro período (enero de 2023 a julio de 2025), por lo que tampoco es directamente comparable con las de la acusación.

Según la fiscalía, la Suizo fue la principal proveedora de medicamentos de alto costo del organismo en esos meses y operaba en un esquema de cartelización con otras 14 droguerías, con control de las compulsas que se tramitaban en el sistema SIIPFIS y planillas en las que se definía de antemano qué firma ganaba cada una, de acuerdo con lo que publicaron Infobae, Perfil y Quórum. La acusación señala a la Droguería Génesis como una firma interpuesta; Clarín informó que, según los fiscales, aplicaba un recargo del 44% y que en los chats la llamaban "chinchullito nuevo".

Infobae mencionó diferencias de precio de hasta el 1000% entre las licitaciones abiertas y las compulsas con pocos oferentes. Clarín citó el caso de la Cladribina, de la marca Eurit, que según la fiscalía se compraba a $92.000 y se facturaba a más de $4 millones.

La acusación también incluye, según Clarín, un mensaje atribuido a Emmanuel Kovalivker: "fracasamos en el intento, y vemos como no salir tan golpeados, viste, qué sé yo, pero si igual la guita no la ponemos nosotros". De acuerdo con ese medio, en otro intercambio se habría referido a Atchabahian como su "gran soldado". La defensa no se refirió a esos mensajes en los tramos de los escritos que difundieron los medios.

Según Clarín, la fiscalía sostiene además que Jonathan Kovalivker recibía en su casa a directivos de droguerías competidoras, entre ellos Matías Saúl Litmanovich, de la Droguería 20 de Junio, y Hernán Jorge Bagliero, de la Droguería del Sud. Entre los exfuncionarios de la ANDIS señalados en la causa figuran Spagnuolo, exdirector ejecutivo, y Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud.

Los otros indagados

La víspera, el martes 3, había sido indagado Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos y accionista de la Suizo, también imputado como jefe de la presunta asociación ilícita y representado por Magram. Según Infobae y Quórum, tampoco respondió preguntas, presentó un escrito en el que rechazó los cargos y pidió la nulidad, el sobreseimiento y que se le levantara la inhibición o se la reemplazara por un embargo.

Para ese mismo día estaban previstas las indagatorias de Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Domínguez, gerente y coordinador de la División Tratamientos Especiales, que se pasaron para la semana próxima, según Infobae. Las de los hermanos Kovalivker estaban fijadas originalmente para el jueves 29 de octubre y se postergaron a pedido de su abogado, de acuerdo con Perfil y Quórum.

La ronda abarca alrededor de 40 llamados a indagatoria, según Perfil. Lijo dictó la inhibición general de bienes de 36 de los imputados, según Perfil, Quórum e Infobae. De acuerdo con Perfil, el juez fundamentó esa medida en la necesidad de "evitar que el tiempo del proceso frustre el posible recupero de activos y las eventuales restituciones y/o indemnizaciones civiles".

Según Infobae, Lijo todavía no convocó a ampliar su indagatoria a Spagnuolo, Garbellini, Palotti Bertola y D'Giano, como había pedido Picardi. Una fuente consultada por ese medio indicó que "serán llamados más adelante, después de escuchar a todos los del sector privado".

Contexto

El expediente se abrió en agosto de 2025, a partir de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, extitular de la ANDIS y exabogado del presidente Javier Milei, en los que se mencionaban presuntos pagos de sobornos. En una primera etapa lo tuvo el juez Casanello, que ese mes ordenó allanamientos, entre ellos el de la casa de Jonathan Kovalivker en Nordelta. Según Perfil, en ese operativo Emmanuel Kovalivker fue interceptado cuando intentaba salir del barrio con US$266.000 repartidos en sobres y $7 millones. Spagnuolo ya está procesado; Perfil contabiliza otros 18 procesados.

En una causa vinculada, la jueza Sandra Arroyo Salgado le negó la probation a Claudio De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de entorpecer aquel allanamiento, que irá a juicio, según informaron Perfil y Ámbito.

Sobre los audios, el Gobierno difundió a fines de octubre un comunicado según el cual los peritos de Gendarmería no pudieron establecer su autenticidad. De acuerdo con ese texto, el análisis encontró indicios de regrabación, cortes e inconsistencias, no pudo descartar una manipulación con inteligencia artificial y detectó que la cadena de custodia estaba interrumpida. Sin embargo, según la agencia Noticias Argentinas, hasta este miércoles el informe pericial no había sido incorporado formalmente al expediente. Mauricio D'Alessandro, abogado de Spagnuolo, dijo a Radio Rivadavia: "Fue una operación de inteligencia en su contra". La Nación publicó días atrás un video sobre el contenido de ese peritaje, que no corresponde a la jornada de las indagatorias.

Lo que falta saber

• Cuándo resolverá Lijo si procesa a los hermanos Kovalivker, los sobresee o les dicta falta de mérito: no se informó un plazo.
• Si el juez se pronunciará antes sobre los planteos de nulidad y de cosa juzgada.
• El contenido completo del escrito de Emmanuel Kovalivker.
• La nueva fecha de las indagatorias de Zarbo y Domínguez y el cronograma del resto de los citados.
• Si el informe de Gendarmería sobre los audios se incorporará al expediente y qué postura tomará la fiscalía ante esas conclusiones.

Versiones que no coinciden

• Clarín y La Nación dicen que los hermanos 'se negaron a declarar'; Infobae, que 'dieron su versión por escrito'. No se contradicen: no respondieron preguntas y presentaron descargos escritos.
• Clarín y Perfil ubican las indagatorias 'ante el fiscal Picardi'; Infobae, en el juzgado de Lijo. Picardi tiene la investigación delegada en la causa que tramita Lijo.
• Rol de Emmanuel: 'miembro' de la asociación ilícita según Infobae; parte de la cúpula que tomaba decisiones según Clarín.
• Montos: $124.652 millones (facturación según ARCA) y $137.118 millones (órdenes de compra) miden cosas distintas; los $139.419 millones de la investigación de la empresa corresponden a otro período (enero 2023-julio 2025).
• Grafía del nombre: Quórum escribe 'Emiliano' y Perfil 'Emanuel'; Infobae y Clarín, 'Emmanuel', que es la que se usa.
• Peritaje de los audios: Infobae dice que siguen siendo peritados por Gendarmería; el Gobierno ya difundió conclusiones en un comunicado, pero según Noticias Argentinas el informe no llegó formalmente al expediente. La fecha del comunicado varía entre el 29/10 y el 30/10 según la fuente.